Cuba: un país sin libertad de expresión

Teníamos la esperanza de que el Gobierno entendiese que lo que hacíamos era un derecho; no hacíamos daño a nadie [...] Sencillamente intentábamos decir lo que estaba ocurriendo en el país, ellos consideraron que era peligroso.
Yosvani Anzardo, periodista independiente tras ver cerrado su sitio web de noticias Payo Libre

Ser periodista es una profesión de riesgo en Cuba. El Gobierno castrista mantiene en pie una férrea estructura legal, burocrática y administrativa, engrasada por años de uso, para silenciar a los opositores al gobierno, categoría en la cual se encuentran las personas que intentan informar sobre la realidad cubana.

Los pilares de la estructura son:

• la Constitución cubana, que prohíbe la propiedad privada de medios de comunicación
• el requisito de que todos los periodistas en activo se unan a la Unión de Periodistas Cubanos, que de hecho se encuentra bajo el control del Partido Comunista, en el gobierno;
• un poder judicial que no es independiente ni imparcial, y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes
• una serie de disposiciones en la Constitución y en el Código Penal, tan vagas que se prestan a abusos de funcionarios del Estado, tales como la policía y el poder judicial, para restringir la libertad de expresión.

Las consecuencias de esta son nefastas tanto para los periodistas independientes que intentan hacer su trabajo como para los cubanos en general, que no pueden acceder a información u opiniones que difieran de la ideología estatal.

Algunos sufridores de la situación son, por ejemplo, Pablo Pacheco Avila, es uno de los 12 periodistas presos de conciencia en prisión en Cuba, que cumple desde 2003 una condena de 20 años de cárcel; Yosvani Anzardo, Carlos Serpa y Luis Felipe Rojas han sufrido varias detenciones arbitrarias, han sido hostigados e interrogados en reiteradas ocasiones; Saylí Navarro, estudiante de derecho, fue expulsada de la universidad por participar en un curso de periodismo organizado por la Sección de intereses de Estados Unidos en Habana.

El Gobierno cubano ha tratado de justificar las restricciones señalando los efectos indudablemente negativos del embargo estadounidense. Sin embargo, por muy perjudicial que sea ese impacto, es una excusa para violar los derechos de la ciudadanía, ya que no reduce, en modo alguno, la obligación del gobierno cubano de proteger, respetar y hacer realidad los derechos humanos de todos los habitantes de Cuba.

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