Wilfredo Vallín Almeida
Hemos hablando en múltiples ocasiones, del sistema jurídico cubano donde la policía responde al Estado, donde la Fiscalía responde al Estado, donde los Tribunales responden al Estado y donde los abogados de los Bufetes Colectivos temen enfrentarse al Estado.
A contrario sensu de lo que ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, aquí los abogados no pueden comparecer, hasta tanto no se haya dictado una medida cautelar por la fiscalía, varios días después de la detención del acusado.
Cuando el letrado logra entrevistarse con su defendido, ya todo está hecho: no participó en las actuaciones desde el comienzo y tendrá que aceptar las cosas como se las presenten.
Esta es, a grosso modo, la situación que deberá enfrentar Antonio González Rodiles en el juicio a que será sometido por "resistencia al arresto" cuando compareció ante la Sección 21 de la Seguridad del Estado para averiguar sobre el paradero de la abogada Yaremis Flores detenida previamente.
La primera realidad que deberá aclararse en este asunto es ¿Realmente ofreció resistencia a su detención?
Los testigos presenciales, (¿serán admitidos como testigos en el juicio oral?) dicen cosas muy distintas tales como que:
- En ningún momento la turba vestida de civil que se abalanzó contra los allí presentes, se identificó como agentes de la autoridad.
- Ellos fueron los primeros en agredir a los presentes en una proporción de cuatro a uno.
- Rodiles recibió varios golpes en la cara y en el cuerpo que el instructor policial de su caso, los padres del detenido y su compañera vieron claramente.
La segunda y aun más importante realidad es esta otra: ¿Antonio va a ser juzgado por ese "delito" o hay más detrás de todo esto?
El asunto es que Antonio Rodiles es el coordinador nacional de la Campaña Ciudadana por Otra Cuba en la que se insta al gobierno cubano a RATIFICAR el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales derivados ambos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Hace ya casi cinco años que el gobierno firmó esos Pactos en Nueva York sin que los haya publicado, ni informado a la ciudadanía sobre sus contenidos y alcance. Esa campaña crece cada día más y comienza a preocupar a los que no quieren ratificar semejantes documentos internacionales.
Y es lo que conllevaría esa ratificación lo que conduce a los preocupados a considerar,- en mi opinión, de forma absolutamente equivocada-, que con el encarcelamiento de Rodiles se resuelve el asunto porque con él entrarían también en la prisión los Pactos de la ONU.
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